Política

La política sectorial de empleo en España

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La política sectorial de empleo en España

POLITICAS SECTORIALES DE EMPLEO. – Desde 1997, las políticas de empleo se convirtieron en un pilar fundamental de la Unión Europea a través de la Estrategia Europea de Empleo (EES). Este documento establecía la necesidad de desarrollar una mayor flexibilidad del mercado laboral y políticas activas de empleo para aumentar el crecimiento de los países europeos. Para ello se localizaron cuatro grandes objetivos respecto al empleo, que posteriormente quedarán reflejados en el Tratado de Ámsterdam. Dichos objetivos son:

  • Aumento de la empleabilidad de los trabajadores.
  • Desarrollo la cultura del emprendimiento y la creación de empleo.
  • Aumentar adaptabilidad de los trabajadores a las empresas.
  • Mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Estos objetivos se desarrollaron posteriormente en el Tratado de Lisboa de 2000 y sobre todo en el Consejo Europeo de Barcelona 2002 donde se establecía la necesidad de avanzar hacia “Políticas Activas de Empleo: Más y Mejores Trabajos”. Estas Políticas Activas se agruparían a su vez en otros cuatro grandes grupos

  • Políticas de Formación de trabajadores en activo, desempleados, y acciones que combinan formación y empleo.
  • Políticas de promoción y creación de empleo, incentivos para el sector privado, autoempleo, programas de desarrollo territorial.
  • Programas directos de empleo en el sector público.
  • Políticas de Orientación, intermediación y colocación. Servicios de seguimiento y control.

Junto a estas Políticas Activas encontramos las conocidas como Políticas Pasivas, fundamentalmente protagonizadas por las prestaciones de desempleo. Por último, podemos hablar de las llamadas Políticas de Primer Orden, o Regulación laboral, dirigidas a ordenar el funcionamiento del mercado de trabajo.

Todas ellas compondrían las políticas sectoriales de empleo. En los próximos tres epígrafes resumiré someramente cada una de estas políticas: su marco regulatorio en España y la evolución que las mismas han tenido en los últimos años respecto a sus resultados.

LA REGULACIÓN LABORAL EN ESPAÑA. – La normativa estatal laboral en España gravita en torno a dos leyes, la Ley 56/2003 de Empleo y la Ley 1/1995 del Estatuto de los Trabajadores, continuamente reformadas desde su puesta en vigor.

Además, otra serie de leyes, órdenes y normativas complementan este marco jurídico; entre las leyes: Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, o la Ley de Igualdad; entre las órdenes y normativas encontramos las Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, el Salario Mínimo Anual, los Calendarios Laborales o las Pensiones Contributivas. Junto esta legislación estatal encontramos una amplia variedad de legislación y normativa autonómica, local y sectorial.

Las últimas grandes modificaciones legislativas se llevaron a cabo en 2012, apenas unos meses después de inaugurarse la X legislatura. Estas reformas se llevaron a cabo de manera unilateral por parte del Gobierno, tras encallar la negociación con los agentes sociales, principalmente respecto a la negociación colectiva y las modalidades de contratación. Mediante un Real Decreto-ley, 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se recogen un conjunto de medidas en cuatro capítulos:

  • Capítulo I – Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores, Intermediación Laboral, Formación Profesional, y Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje.
  • Capítulo II – Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo. Con modalidades de contrato, trabajo a distancia y bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución de indefinidos.
  • Capítulo III – Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. Con materias como la clasificación profesional, el tiempo de trabajo, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, modos de suspensión del contrato, reducción de la jornada, y derecho a la prestación por desempleo.
  • Capítulo IV – Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. Extinción del contrato de trabajo, despido colectivo, y Fondo de Garantía Salarial.

Para el Gobierno, la reforma trató “de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social”. Para ello se redujo de 45 a 33 días la indemnización por despido improcedente; se ampliaron las causas de despido objetivo; se suprimió la autorización Administrativa previa para los ERE; se estableció la obligación de planes de recolocación sí se despedían a más de cien trabajadores por empresa; se creó un nuevo contrato indefinido para Pymes; se implantaron bonificaciones a la contratación de menores de 30 años; se pusieron límite a los encadenamientos de contratos temporales indefinidamente; se estableció el derecho a 20 horas de formación anuales para todos los trabajadores ; se impulsó un contrato para la formación; se implantó una prórroga máxima de dos años para los convenios colectivos vencidos así como la prioridad de los convenios de empresa y la posibilidad de “descolgarse” del convenio aquellas empresas con dificultades; se establecieron nuevas medidas contra la absentismo laboral; y por último se estableció un Plan especial de la Inspección de Trabajo de lucha contra el fraude.

El mismo Real Decreto-Ley establece sus dos grandes objetivos: “que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país.” Cuatro años después no parece que los resultados obtenidos sean acordes a los objetivos planteados.

Respecto a la creación de empleo, si bien las tasas de empleo se están recuperando en los últimos trimestres, la realidad es que a finales del 2015 tan solo se habían alcanzado los niveles de ocupación del momento de la reforma, con clara destrucción de empleo: medio millón menos de ocupados en 2015 respecto a la media de 2011. Estos datos se contradicen con el crecimiento del PIB durante el 2015, un 3,2%, crecimiento que según muchos economistas debería haber provocado un mayor aumento de la tasa de empleo. Así mismo se han disparado las tasas de paro de larga duración: un 43% de los desempleados lo están desde hace más de dos años, un 59% lo sufren desde hace más de un año.

Respecto a la estabilidad en el empleo, los datos nos dicen que la temporalidad se habría elevado por encima del 25% tras la reforma.  Por el contrario, el nivel de contratación indefinida sí experimento un gran crecimiento al principio de la reforma, estancándose posteriormente. Su relación respecto al porcentaje total de contratos sigue el mismo patrón anterior a la reforma. Otro dato que destacamos es el porcentaje de contratos de muy corta duración con un incremento de cuatro puntos respecto a los datos de 2011.

POLÍTICAS PASIVAS DE EMPLEO EN ESPAÑA. – Las dos más importantes son el subsidio de desempleo y la prestación asistencial, no contributiva. Esta prestación se otorga en aquellos casos donde no se ha alcanzado el periodo de reconocimiento para el subsidio o por haber agotado el mismo y tener derecho al asistencial. Esta prestación no contributiva ha sido protagonizada durante los últimos años por el Plan Prepara, ayuda entre 400 y 450 € mensuales (en función de las obligaciones familiares) para desempleados que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios, vinculado a formación y la búsqueda activa de empleo. Esta medida implantada en 2009 se renueva automáticamente mientras el desempleo se mantenga por encima del 20%.

Las consecuencias de la reforma laboral, con la reducción y el endurecimiento del acceso a las prestaciones que supuso, así como las políticas de austeridad se han manifestado claramente en estas Políticas Pasivas. El número de beneficiarios de las prestaciones totales ha caído un 24%, un 39% respecto a los que reciben el subsidio de desempleo, consecuencia también del gran aumento del desempleo de larga duración.  La caída en el gasto es aún mayor, un 47% respecto a 2012. La cuantía media recibida por los beneficiarios ha caído un 7%.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN ESPAÑA. – Las políticas activas de empleo comienzan a aplicarse en España a mediados de la década de los 80. El actual marco legal se define por la Ley 56/2003 de Empleo, numerosas veces reformada, donde se establece que se entiende por política de empleo y establece tres mecanismos de coordinación que usará el Sistema Nacional de Empleo: la Estrategia Española de Empleo, el Plan Anual de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.  

Estas políticas de empleo se realizan mediante servicios y programas tanto por el Servicio Público de Empleo Estatal como por las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia. El último Plan Anual de Política de Empleo, 2015, establece cinco objetivos estratégicos:

  • Mejorar empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación Garantía Juvenil.
  • Favorecer empleabilidad de otros colectivos, especialmente mayores 45 años de larga duración y beneficiarios del Plan Prepara.
  • Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo.
  • Reforzar la vinculación entre las políticas activas y las pasivas de empleo.
  • Impulsar el emprendimiento.

Todos las políticas activas de empleo se enmarcan en seis ejes definidos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional. Estos ejes incorporan una multitud de servicios y programas, desde el Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil; Programas de Orientación para el empleo y el autoempleo; Planes de formación para trabajadores ocupados y desempleados; Programas de activa ción para el empleo; Apoyo a programas de ayuda a la movilidad; Agentes de Empleo y Desarrollo Local; Portal Único de Empleo, etc…

Respecto a su evolución en España, en 2011 el presupuesto fue de 7.322 millones de €, frente a los 5.214 de los presupuestos para 2016, un 29% menor. Destacar que dentro de este importe se incluyen partidas como el Plan Prepara o las bonificaciones a la contratación. La mayor partida corresponde a las actuaciones de carácter formativo con casi el 50% del total.

Desde finales de los años 90, España ha realizado un gran esfuerzo en converger con el gasto en Políticas Activas de empleo respecto al resto de los países de la Unión Europea. Aun así, la OCDE constataba en 2014 que nuestro gasto relativo en políticas activas era de los menores de Europa. Solo un 22,5% del presupuesto para políticas de empleo estaría destinado a políticas activas.

Más difícil es evaluar la eficacia de estas políticas activas en los últimos años. Hay un consenso general en considerarlas como imprescindibles para la mejora del mercado laboral en cantidad y calidad. Pero se discute ampliamente su vinculación a ciertas políticas pasivas, la necesidad real de formación en un mercado como el español caracterizado por cierta “sobreformación” en amplios sectores de la población e “infraformación” en otros, la calidad de dicha formación, la burocratización, o la ineficacia demostrada por los servicios de intermediación. Así mismo, hay un claro consenso en aceptar la eficacia de dichas políticas en momentos de expansión económica y su escaso rendimiento en momentos de contracción como el actual, donde no podríamos evaluar su eficiencia.

CONCLUSIONES. – La derogación de la última reforma laboral forma parte de los programas de buena parte de los partidos políticos que integraron el Congreso durante esta breve XI legislatura. El 27 de abril 2016, fracasó una iniciativa para derogarla tras la abstención del PSOE, al incluir Podemos en su petición la derogación también de la reforma socialista de 2010.

Entre los opositores a esta reforma laboral y a las políticas sectoriales de empleo de los últimos años se aduce el fracaso de sus resultados en términos de empleo, el aumento en la temporalidad y en la dualidad del mercado laboral registrado, la reducción en la calidad del empleo y en la masa salarial. Junto a estas conclusiones, se destaca el empeoramiento de las condiciones laborales, la caída de la negociación colectiva y el peso que han ganado los despidos colectivos.

Entre sus defensores se destaca que reduce las posibilidades de despido y aumenta las de contratación. Nos encontramos opiniones como la de la Comisión Europea que en su informe sobre España de enero 2016 aseguró que la reforma habría acelerado la creación de empleo, salvando al menos unos 400.000. Además, opina que nuestro mercado laboral sería ahora capaz de generar crecimiento del empleo con un crecimiento del PIB menor que en las condiciones previas a la reforma.  Para el PP, la reforma habría “desarrollado un modelo de relaciones laborales que dota de la necesaria capacidad de adaptación a las empresas para evitar que el despido sea el primer mecanismo de ajuste”. Para el partido del gobierno, el objetivo es mantener “el acento en la flexibilidad interna”. Incluso el exministro socialista de Economía, Carlos Solchaga, ha alabado esta reforma del 2012, asegurando que sin ella “no se habría conseguido aumentar el consumo y el empleo”.

BILIOGRAFÍA y ENLACES

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