3.4. El inicio del exilio. La Comisión de Responsabilidades y el Acta de Acusación

La voluntad popular rechazó claramente las candidaturas monárquicas, situación que se repetirá constantemente a lo largo de todo el periodo republicano. Además, uno de los principales temas durante aquella campaña electoral fue el asunto de las responsabilidades que afectaba muy directamente a la imagen del monarca.  Fueron estos meses de desconcierto, donde Alfonso XIII se mostró a la defensiva, mostrándose como injustamente agraviado y perseguido. Los monárquicos también afectaron el golpe, presentándose descabezados y en desbandada.

Durante estos primeros meses las Cortes y la opinión pública centraron buena parte de su atención en la formación, trabajos y resultados de una nueva Comisión de Responsabilidades[1] creada en la cámara, que en noviembre de 1931 emitió un Acta de acusación de Alfonso XIII[2], acusándole de una “irrefrenable inclinación hacia el poder absoluto”, de incumplir sistemáticamente la cosoberanía que establecía la Constitución, de manipulación electoral y de usar los decretos de disolución arbitrariamente. Los desastres de Marruecos habrían sido consecuencia de su personal ansia imperialista, además de haber provocado a espaldas del Consejo de Ministros el desastre de Anual, y de preparar “como inspirador primero, como cooperador, después, y como sustentador más tarde del golpe de Estado  desencadenado impunemente por unos generales bajo su amparo”, anticipándose a las conclusiones de las entonces existentes comisiones de responsabilidades. En definitiva, “Don Alfonso de Borbón ha incurrido, con personal y directa culpabilidad, ante el pueblo español, en el delito de lesa majestad […] y del delito de rebelión militar”. La Comisión reconoció en el Acta que la singularidad del caso no permitía encontrar preceptos legales aplicables. Aún así, solicitaba a las Cortes su degradación de toda dignidad y título, la reclusión perpetua en caso de pisar suelo español (e incluso pena de muerte si reincide en actos de rebeldía) y la incautación de todos sus bienes, derechos y acciones que se encuentren en territorio nacional, si bien ya desde los primeros días republicanos se habían producido confiscaciones del patrimonio real (respetando el particular de la reina) y diversas investigaciones respecto a los posibles manejos y corrupción del exrey[3], así como de numerosas figuras monárquicas, incluso con algunas detenciones[4].

Días antes del Acta también se aprobó la Ley de Defensa de la República, donde se consideraba como acto de agresión “la apología del régimen monárquico o de las personas que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”[5]. Todos estos gestos nos indican la animosidad republicana hacia el exrey y los monárquicos, o al menos el uso retórico del enemigo monárquico como elemento aglutinador en torno al nuevo régimen. También reflejaban cierta necesidad defensiva de unas nuevas instituciones que se sienten amenazadas. Esta amenaza se había sustanciado a principios de septiembre con el desmantelamiento de un intento golpista protagonizado por el general Orgaz, conocido alfonsino, así como la detención de otras figuras monárquicas y católicas[6]. Detrás de este inicial intento de derribar la República encontrábamos ya el malestar de numeras figuras castrenses derivado de la política militar gubernamental y su perfecta comunión con aquellos monárquicos que buscaban una posible restauración. Esta conjunción fue una constante durante el periodo republicano.

[1] BOYD, C. “Responsibilites and the Second Republic, 1931-1936”, en Martin Blinkhorn (ed.) Spain in conflict 1931-1939. Democracy and its enemies. Londres. Sage Publications. 1986. pp. 14-39. Siendo este el mejor estudio sobre el tema, también podemos consultar las conclusiones de Manuel Contreras en “Responsabilidad regia, Memoria Histórica y transiciones a la democracia en España”. Madrid. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 121. Julio-Septiembre 2001, pp.159-177, y de Mercedes Cabrera (más centrada en Juan March) en “Los escándalos de la dictadura de Primo de Rivera y las responsabilidades en la República: el asunto Juan March”. Seminario “Escándalos políticos y responsabilidad pública en la España Contemporánea”. Madrid. UNED. 13 abril 2000. pp 7-30

[2] DSCCRE. Num 73. Apéndice 9º. Madrid. 12 de Noviembre 1931.

[3] GONZÁLEZ CALLEJA “El exrey” pp. 407-409

[4] Es significativo del desconcierto y falta de organización inicial de los monárquicos el hecho de que fue Romanones, bajo su propia iniciativa y sin indicación alguna, quien asumió la defensa del Monarca durante las deliberaciones. Alfonso XIII se limitó a agradecérselo posteriormente por carta.

[5] Gaceta de Madrid. Núm. 295. 22 octubre 1931. p. 420

[6] GONZÁLEZ CALLEJA et alii (2015) pp. 849-850